Causa Justa- Santa Rosa, La Pampa, Argentina.

Friday, July 21, 2006

INIMPUTABILIDAD DE LOS MENORES

Las estadísticas criminales señalan que en el 2001 crecieron un 3 por ciento los delitos con violencia cometidos por adolescentes de entre 15 y 17 años, y un 5 por ciento los protagonizados por jóvenes de 18 a 20. En total, el 43 por ciento de los autores de robos con violencia cometidos el año último en la ciudad de
Bs. As. tienen entre 15 y 20 años.
Las estadística policiales revelan que en el 2001 fueron detenidos 40 menores por día, casi 2 por hora, por diversos delitos en la Pcia. de Bs. As. Esa cifra, según las proyecciones para este año, puede incrementarse en un 8 por ciento.
Los menores protagonizan delitos cada vez más violentos. En cada turno de 7 días se secuestran unas 15 armas por juzgado de menores. Y cuando hay un menor con un revolver, está latente la muerte de la víctima o el tiroteo con la policía.1
Durante el primer semestre del año 2002 casi 600 menores de 18 años fueron internados en Institutos de Capita Federal por problemas con la Justicia. Y en la Provincia, durante el mismo periodo terminaron en igual situación otros 863.2
Estas cifras nos demuestran que el Régimen Penal de Menores, regulado por la Ley 22.278 del Código Penal, no está dando respuestas a las necesidades que en la actualidad requiere nuestra sociedad. La delincuencia juvenil crece día a día, los protagonistas son cada vez más jóvenes y los delitos cada vez más graves.
Es necesario encontrar una solución a esta crisis social dentro del marco jurídico, que permita darle contención a los menores y seguridad a la sociedad.
El interrogante que da cuerpo a este trabajo tiene que ver con preguntarnos: ¿Será la solución implementar un régimen penal en el cual no haya una edad de inimputabilidad?
Imputabilidad y Culpabilidad



Es preciso tener un concepto claro y bien formado sobre “imputabilidad” y “culpabilidad” para que la lectura del respectivo trabajo no lleve a confusión alguna y para que su asimilación este al alcance de todos.

Durante mucho tiempo se ha sostenido que los menores de cierta edad son inimputables, esto es, que carecen de la facultad de comprender la norma y dirigir sus acciones conforma a esa comprensión.
Este criterio permite desvalorizar los actos de los niños y los jóvenes, al punto de convertirlos jurídicamente en incapaces.
El criterio de inimputabilidad jurídico – penal por minoría de edad trajo como consecuencia la aplicación de medidas de seguridad, bajo la consideración de que el régimen penal de menores es esencialmente proteccional - tuitivo, y sólo de modo eventual se presenta como represivo.3
Cuando la ley dice que los menores de distintas edades no son punibles, es fácil entender que no son susceptibles de aplicación de pena.
No existe en la ley penal una definición de inimputable. La referencia del título V del Código Penal dice: “imputabilidad”, bastante claro por su contenido que se trata de la posibilidad de imputar una pena a alguien. Hacer una imputación es en este sentido decidir una consecuencia jurídica respecto de la acción del sujeto.4

La culpabilidad constituye el conjunto de condiciones que determinan que el autor de una acción típica, antijurídica y atribuible, sea jurídicamente responsable de la misma, es decir culpable.
El contenido del concepto de culpabilidad esta predeterminado por el concepto personal de lo ilícito (capacidad de motivación por la comprensión de la antijuricidad). Se distingue en primer término la cuestión de comprender la antijuricidad y de dirigir las acciones de acuerdo con esta comprensión (imputabilidad), y luego la cuestión de la cognoscibilidad de la antijuricidad.
La culpabilidad se define como un obrar contra el derecho, pudiendo hacerlo en forma adecuada al mismo. La capacidad de motivarse por el cumplimiento del derecho determina que la realización del ilícito sea reprochable y esa capacidad depende de que el autor haya podido conocer el derecho, comprenderlo y comportarse de acuerdo con esa comprensión.5








Régimen Penal de Menores

En nuestro país el Régimen Penal de Menores está regido por la Ley 22.278, sancionada el 28/08/1980, completada por las Leyes 22.803, 23.264 y 23.742.
La Ley hace una distinción entre menores punibles y no punibles. Dentro de los no punibles encontramos por un lado a los menores de 16 años y por otro a los de entre 16 y 18 no punibles. Y con respecto a los punibles, menores entre 16 y 18 años punibles y menores de 18 a 21 años.



Menores no Punibles:

a) Menores de 16 años
Art. 1 - (según ley 22.803) No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad.
Si existiere imputación contra alguno de ellos la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente, procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.
En caso necesario pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable.
Si de los estudios realizados resultare que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

b) Menores entre 16 y 18 años no punibles
Regidos tambien por el Art. 1 que nos dice: tampoco es punible el que no haya cumplido 18 años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación.
Según lo dispuesto en el Art. 1 quedan sometidos al mismo régimen que los menores de 16 años, y al igual que estos no son sometidos a proceso.

Delitos de acción privada: conforme con el Art. 73 del Código Penal, son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos:
1) calumnias e injurias;
2) violación de secretos, salvo en los casos de los Arts. 154 y 157;
3) concurrencia desleal, prevista en el Art. 159;
4) incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, cuando la víctima fuere el cónyuge.

Delitos con penas privativas de libertad que no excedan de dos años: en el Código Penal vigente, 61delitos están incriminados con este tipo de pena, a los que hay que agregar los delitos de las leyes especiales.
Ejemplos de estos tipos de delitos son: el hurto, ciertas formas de usurpación, daños a la propiedad, injurias, calumnias, intromisión ilegal en sistemas informáticos confidenciales, atentados a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, libertad de prensa, entre otros.6

Pena de multa: en el Código Penal están incriminados sólo con multa, 28 delitos, a los que hay que sumar los delitos de leyes especiales.7

Pena de inhabilitación: es la pérdida de derechos, del ejercicio de derechos o de la incapacidad para obtenerlos, declarada por el juez en la sentencia. Esta prevista en la ley como inhabilitación absoluta o especial. Dicha inhabilitación presupone una habilitación anterior y son muy pocas las habilitaciones que se pueden otorgar a los menores de 18 años.
En nuestro Código Penal, están incriminados con pena de inhabilitación, 4 delitos, en los cuales el autor debe ser funcionario público.8

A diferencia de los menores de 16 años, que no son punibles porque la ley presume su falta de capacidad para ser penalmente responsables por su inmadurez mental, los menores de entre 16 y 18 años no son punibles, en relación a los delitos mencionados, no por su inimputabilidad, sino por razones de política penal.9

Menores Punibles:

a) Menores entre 16 y 18 años punibles
Art. 2 – (según ley 22.803) Es punible el menor de 16 a 18 años de edad que incurriere en delito que no fuera de los enunciados en el Art. 1.
En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de posibilitar la aplicación de las facultades conferidas por el Art. 4
Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados apareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, al juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador.

Art. 4 – La imposición de pena respecto del menor a que se refiere el Art. 2 estará supeditada a los siguientes requisitos:
1) que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales;
2) que haya cumplido 18 años de edad;
3) que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a 1 año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad.
Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa.
Contrariamente, si fuese innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del inc. 2.

En caso de condena, la pena se hará efectiva en institutos especializados y alcanzada la mayoría de edad, el resto de la condena se cumplirá en establecimientos para adultos, según lo establecido en el Art. 6.

b) Menores de 18 a 21 años
Art. 10 – La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los 18 y la mayoría de edad se hará efectiva, durante este lapso, en los establecimientos mencionados en el Art. 6.

El menor entre 18 y 21 años que delinque durante este lapso es plenamente responsable, quedando equiparado en todo en relación con los mayores de edad, salvo en cuanto a la condena debe cumplirse en establecimientos especiales hasta la mayoría de edad.

Esta Ley consagra un sistema claramente sustentado en medidas de seguridad, tutelares y reeducativas. La aplicación de estas medidas ha dado lugar a un sistema normativo especial, cuya evolución ha originado la existencia de un derecho tutelar que tiende a modificar la personalidad del joven delincuente, poniendo mayor énfasis en sus características personales que en la naturaleza y gravedad del hecho cometido.10

Comentarios Jurídicos sobre la Ley 22.278


El Dr. Daniel Hugo D´ Antonio en su obra “Actitud Jurídica de los Menores” aprecia la inconsistencia de establecer una edad determinada para dar lugar a la aplicación de un régimen que debe ser exclusivamente tutelar, pedagógico y reeducador. Al ser esta la finalidad de la Ley, no puede excluirse ninguna edad de la aplicación del sistema normativo protectorio.
Referente a la disposición del menor, la ley no trae una reglamentación estricta, y si lo hace con una reglamentación amplia la cual no le pone límites, y si bien la intención es eminentemente tutelar, puede llegar a tornarse arbitraria y lo que se halla en juego en la mayoría de los casos es la libertad de los menores.
Respecto del Art. 2 el Dr. sostiene que la norma, al decir que son punibles los menores de 16 a 18 años respecto de los delitos que tengan una pena privativa de libertad mayor de dos años, que nos sean delitos de acción privada; se aparta de la línea general que sostiene el carácter eminentemente tuitivo que tiene en esencia el derecho penal de menores. No se desecha la idea de punición y abre la puerta a la idea de reacción,
apareja la conducta del menor a los legalmente tipificados como delitos. Los efectos disuasivos, la pretensión de reinserción social que trae aparejada la sanción , únicamente puede tener como destinatarios a personas con posibilidades plenas de entendimiento y comprensión, es decir a los adultos.11

El comentario que Fellini Zulita nos hace sobre la Ley 22.278 es que la misma “consagra un verdadero derecho penal de autor, que coloca jurídicamente a los menores de edad en situaciones de real vulnerabilidad, sólo aminorada por la ejemplaridad de algunos jueces en la materia, quienes merced a su idoneidad, experiencia y permanente actualización en el conocimiento del derecho logran en cada caso concreto, a pesar de esta ley, ejercer funciones tutelares en la mejor acepción que ha tenido el término”.12

Para la Dra. Fernández Valeria, el sistema de pura defensa social, adoptado por nuestro país y vigente a través de la Ley 22.278, es un sistema arbitrario e inequitativo de administración de justicia de menores, producto de una concepción paternalista que desde principio de siglo no considera al menor de edad como sujeto de derecho sino como objeto, concepción difícilmente conciliable con la sentada por la ley 23.849 (Convención sobre los Derechos del Niño), la que a partir de la reforma constitucional de 1994 tiene jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 de la ley fundamental) al igual que otros pactos internacionales sobre derechos humanos.
Se advierte claramente que el fin tutelar que inspiro el sistema, tiene un alto grado de flexibilidad en cuanto a los derechos que asisten a los menores, propio de una orientación preventivo especial y escasa incidencia correctiva. Es decir, que el problema radica en que la ley 22.278 sigue la doctrina de la situación irregular o situación de riesgo, dándole prioridad a la situación personal, social y familiar del menor de edad y no al delito cometido (derecho penal de autor y no de acto), sistema que si bien en apariencia podría resultar beneficioso, lo cierto es que en la práctica resulta lesivo de garantías constitucionales básicas, de cuya protección si goza el imputado mayor de edad en idénticas situaciones.Al respecto cabe considerar que la Constitución Nacional en su art. 16 no realiza distingo alguno al expresar que "todos los habitantes son iguales ante la ley", principio que determina que todas las personas en igualdad de circunstancias, han de tener la posibilidad de actuar o ser juzgadas ante los mismos jueces con iguales formalidades, facultades o poderes y sujeciones.A todo ello se suma un problema adicional a la actual legislación que consiste en la existencia de un fenómeno por demás vigente: la crisis social existente y el consecuente ingreso al circuito penal de situaciones de carácter asistencial o de "situación irregular", debido a una posición por demás vulnerable de ciertos sectores de la sociedad, en otras cosas a las políticas de control social aplicadas.Lo que intenta el proyecto (por ejemplo bajar la edad la inimputabilidad a los 14 años) es buscar el equilibrio, castigando los hechos de violencia.Volviendo a retomar el tema de la vulnerabilidad del sistema, la Dra. Fernández toma las palabras del Dr. Zaffaroni, quien en su obra “Política criminal latinoamericana” dice “... el grado de peligrosidad del sistema penal para cada persona está dado, en principio por los componentes del estado de vulnerabilidad de ésta al sistema penal. El estado de vulnerabilidad se integra con los datos que hacen a su status social, clase, pertenencia laboral o profesional, renta, estereotipo que se le aplica, etc., es decir, por su posición dentro de la escala social. No obstante...el poder punitivo también selecciona entre ellas a quienes criminalizan"
“Esta realidad es indiscutible ya que la experiencia demuestra que la mayoría de los institutos en el circuito penal del ámbito de la capital federal y la provincia de Buenos Aires, se encuentran colmados o superpoblados en su capacidad por menores no solamente no punibles de acuerdo a la índole del delito cometido sino también por menores provenientes de familias de escasos recursos o situaciones socio familiares conflictivas o poco continentes”.
“Luego del panorama expuesto, el desafío es claro, no sólo se trata de llevar a cabo una modificación de la legislación penal vigente en materia de menores en forma tal que la misma se condiga con el sistema de protección integral, consagrado por la Convención de los Derechos del Niño, sino que además dicha modificación debe contemplar propuestas en las cuales se considere al sujeto menor de edad en conflicto con la ley penal no solo como objeto de tutela sino como sujeto social de derecho.Proceso que debe ser acompañado por la conciencia de que la ley no solo debe ser elaborada conforme a estos parámetros sino que por sobre todas las cosas, debe hacerse cumplir. Con esto no se quiere generar una suerte de "maratón legislativa" sino priorizar la sanción de una norma con objetivos claros: brindar una protección integral del menor, desjudicializar cualquier cuestión no vinculada a la comisión de una infracción penal, brindar mecanismos alternativos de solución de conflictos, etc.”
En definitiva se trata de evitar que los mecanismos de estigmatización que conducen a detenciones arbitrarias e ilegales como son las que permiten actualmente las leyes 10.903 y 22.278, tiendan a desaparecer.13


Evolución legal en Argentina


Ya el Código Penal colocaba dentro del título sobre imputabilidad a los menores, disponiendo de un régimen que excluía de pena al menor de 14 años y lo sometía a un régimen tutelar eventual hasta la edad de 18 años, extensible hasta los 21 en determinados casos.
Esto nos indica que ya el legislador en 1921 había advertido la necesaria desvinculación del menor respecto del régimen legal común, estableciendo verdaderas normas protectoras en su beneficio, que se orientaban al resguardo de la personalidad del niño o joven que llegara ante los estrados de la justicia del crimen.
Sin embargo, muchas voces se alzaron reclamando un perfeccionamiento legal; sobre todo insistiendo acerca de una extensión de la tutela a los menores que hubieran delinquido después de cumplir 18 años.
Culminó aquel movimiento protector con la sanción de la Ley 14.394 el 14/12/1954, cuyas principales disposiciones, con la reforma introducida en el año 1976 (Ley 21.338), se pueden señalar de la siguiente manera:
1) Tenía una finalidad esencialmente tutelar y educativa.
2) Dividió a los menores en tres categorías: inimputables, hasta los 14 años; imputables de sanción eventual, entre los 14 y los 16 años; e inimputables con tratamiento especial para su detención y prisión; los menores entre 16 y 21 años.
La Ley 14.394 constituyó un avance legislativo en materia de protección al menor, y durante su vigencia las fallas que se han observado provenían más de la carencia de organismos especializados encargados de su aplicación que de la instrumentación legal misma.
Cuatro años más tarde a la reforma del año 1976, fue sancionada y promulgada el 28/08/1980 la Ley 22.278, ley que establece un nuevo régimen legal de aplicación a los menores cuya conducta encuadra en una figura penal. En 1983 por Ley 22.803, se modificó este régimen, elevándose la edad mínima de punibilidad a 16 años.14

Derecho Comparado


Los modelos de legislación de menores que desde el punto de vista comparativo suelen ser expuestos pueden reducirse a tres:
El modelo llamado “Justicia de Menores”, en el cual predominan los aspectos garantistas.
El modelo de “Bienestar Social”, en el cual se tienen en cuenta aspectos de política social., proveniente de las legislaciones angloamericana y escandinava.
El modelo de “Pura Defensa Social”, propio de los países latinoamericanos, donde se emplean las medidas tutelares para aquellos menores que hayan cometido algún tipo de delito. Este modelo pone más interés en brindarle protección a la sociedad, que en ocuparse de los menores que delinquen; ya que consideran que el menor por su corta edad no comprende los imperativos legales, y constituye una fuente de peligro para la sociedad; problema que se soluciona cuidando al menor para que no atente contra la misma.15


Los modelos de “Bienestar Social” y de “Justicia de Menores”, son los mayoritariamente aceptados y apoyados, mientras que el modelo de “Pura Defensa Social” con las medidas tutelares, no obtiene, en la mayoría de los casos, la respuesta que de éste se esperaba; ya que en el contexto de la restricción o privación de la libertad se hace difícil la posibilidad de educar, sino que además, está comprobado que tienen un alto efecto estigmatizante que impide la reinserción en la sociedad. Las medidas tutelares, en vez de reinsertar al menor en la sociedad, lo aíslan cada vez más.16

La doctrina y la legislación argentina han prioritado reiteradamente aspectos tutelares o de política social; se ha sostenido así que la Ley 22.278 tiene una absoluta prescindencia de la vinculación entre el hecho ilícito y el menor, por la función proteccional y de patronato que cumple.17
Las normas relativas a la no punibilidad de los menores, no admiten prueba en contrario, por lo que se descarta cualquier investigación destinada a determinar el discernimiento real del menor para acreditar su capacidad. Pero si es posible ordenar un estudio psíquico del menor, destinado a orientar sobre la aplicación de la medida de seguridad más apropiada.








Respecto de las edades, existe en todas las legislaciones y se observan claramente en todos los sistemas penales y civiles, dos categorías bien diferenciadas:
· La mayoría de edad
· La minoría de edad


Para todo efecto, se fija para la mayoría de edad:

1) Los 18 años cumplidos en:
Alemania Checoslovaquia
Irán México
Rumania Rep. Unida de Tanzania
Rusia Yugoslavia

2) Los 20 años en:
Japón
Suiza

3) Los 21 años en:
Argentina Brasil
Costa Rica Ghana
Madagascar Zaire


La mayoría de edad penal es:

1)A partir de los 18 años en:
Uruguay
Venezuela
Ecuador

2)A partir de los 16 años en:
España Jamaica
Nueva Zelanda Singapur

3)A partir de los 15 años en:
Dinamarca




4)A partir de los 14 años en:
Corea
Tailandia


Otros aspectos a tener en cuenta:

El derecho por el cual los jóvenes menores de edad son sometidos a una legislación especial y no al Derecho Penal y Procesal Penal, resulta en algunos países, de la propia Constitución nacional o política. (Ecuador, Venezuela, la Constitución de España y la de Brasil; de las bases mínimas de las Naciones Unidas sobre la Administración de Justicia de Menores, Reglas de Beijing)

La Jurisdicción especializada existe en 18 países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico.

La jurisdicción de menores se ejerce por un juez unipersonal en Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y en El Salvador.

Es un tribunal colegiado quien ejerce la jurisdicción de menores en Bolivia, México y Nicaragua.

La jurisdicción de menores se ejerce indistintamente por un tribunal personal o colegiado en Argentina y España.

Existen dos sistemas de competencia: restrictivo (a asuntos tutelares) y amplio (asuntos tutelares y asistenciales). Pertenecen al primer sistema Puerto Rico, Costa Rica, España, Guatemala, México, y Nicaragua. El segundo sistema agrupa a Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.

Existen legislaciones en que la jurisdicción de menores forma parte del Poder Judicial, como en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela y El Salvador.

En otro sistema, la jurisdicción se encuentra constituida al margen del Poder Judicial, por depender de la propia administración: Bolivia y México.18


Régimen Penal de Menores en Canadá


El Sistema que regula la situación de los menores que delinquen en Canadá es el llamado “Sistema de Justicia Reparativa”. En este Sistema, desde los 12 hasta los 17 años tienen responsabilidad penal.

El Sistema está organizado en 2 niveles:

El 1º nivel está regido por la Ley de Protección de Juventud, administrada por un organismo público no judicial: “La Dirección de Protección de la Juventud”. Aquí tratan a los adolescentes con necesidad de asistencia social, y a los que tiene problemas de comportamiento que pueden empujarlos a cometer delitos. Este nivel funciona como una red preventiva que permite que sean muy pocos los menores que terminen cometiendo delitos.

El 2º nivel es el “Régimen de Menores Infractores”. Este régimen trata de evitar la reclusión de los jóvenes. La mayoría de los adolescentes imputados por un delito vuelve con sus familias, otros van a una casa donde conviven en grupos de 6 o 7 chicos, al cuidado de una pareja de educadores. Solo los acusados por delitos más graves, como homicidio, son enviados a un instituto con vigilancia policial y pocas rejas. La pena máxima para los menores es de 10 años, y 4 de ellos son en libertad condicional.

Con este Régimen Judicial, en los últimos 4 años, se logró bajar un 32 por ciento la cantidad de menores sometidos a procesos judiciales.19

Proyectos de reforma de la Ley 22.278

El Senado de la Nación Argentina comenzará a debatir en unos días dos proyectos de ley para bajar la edad de inimputabilidad de los menores. Ambos dictámenes subrayan su preocupación por crear una ley que garantice los derechos de los niños y adolescentes. También coinciden en señalar como penalmente responsable a los menores a partir de los 14 años si fueron autores de delitos graves. Pero las similitudes terminan al momento de determinar qué se debe hacer con un chico involucrado en una causa penal, si debe o no ir a la cárcel.
El dictamen mayoritario (llamado así por contar con el apoyo de 6 de los 11senadores de la comisión) redactado por el presidente de la comisión, Jorge Agúdez, propone la derogación de las leyes de menores existentes y la creación de una nueva norma. Mientras que el dictamen minoritario, con una propuesta más dura, presentado por el senador Eduardo Menem, solo propone reformas a la ley actual.20



Ley Actual
Proyecto por la mayoría
Proyecto por la minoría
Marco
El Régimen de menores se basa en dos leyes penales (22.278 y 22.803), y una asistencial, de Patronato (la 10.903)
Propone derogar las dos leyes penales como así también la de Patronato
Propone modificar algunos artículos de las leyes existentes. Conserva la ley de patronato
Inimpu-tabilidad
Hasta los 16 años los menores no son penalmente responsables por ningún tipo de delito. Ningún menor de 18 años puede ser acusado por delitos de acción privada, o por los que, como máximo, tengan penas de dos años de prisión.
Los menores de 14 años son inimputables de forma absoluta. Mantiene también las limitaciones en cuanto a los que tienen entre 14 y 18, sobre la imposibilidad de encausarlos por delitos leves o de acción privada.
Mantiene la inimputabilidad de los menores de 14 y también las limitaciones de la ley original y el proyecto mayoritario para iniciarles causas penales a menores de entre 14 y 18 años por delitos leves o de acción privada.
Procesa-
miento
Los adolescentes de entre 16 y 18 años pueden ser encausados, pero solo parcialmente, en un sistema distinto al de los mayores.
Los menores de entre 14 y 18 pasan a ser penalmente responsables. Se los puede encausar y condenar pero el proyecto diferencia dos franjas:
Salvo en las excepciones descriptas, son penalmente responsables y se puede juzgar y condenar a los menores de 14 a 18 años. También contempla dos franjas:
Menores entre 14 y 16 años
Como no se les puede abrir un proceso ni condenar, tampoco se los puede enviar a cárceles o institutos por la causa penal en la que están involucrados
Sólo pueden ser encausados por delitos con una pena mínima de 3 años y tiene la posibilidad de evitar la condena entrando en un periodo de “prueba”. No pueden permanecer incomunicados. Durante un mínimo de 4 meses y un máximo de 2 años el juez debe ordenarles tratamientos.
Si mejora, la causa puede cerrarse definitivamente. Si no, se le aplican sanciones y sólo en casos excepcionales se ordenará su detención en institutos especiales (a crear en una ley complementaria). La pena nunca podrá ser mayor a 6 años.
Serán juzgados por delitos graves que tengan al menos 8 años de prisión como máximo. Durante el trámite de la causa pueden ser detenidos y enviados a institutos. Si el juez prueba que el menor es autor del delito lo puede condenar a la misma pena que un adulto. No contempla un periodo de “prueba”, ni sanciones más leves que el encierro. No fija una pena tope para la condena, o sea, que un menor puede ser sancionada a prisión perpetua.
Menores entre 16 y 18 años
Se le abre una causa, sólo si el delito tiene, por los menos, una pena mínima de 3 años. El proceso queda suspendido a la espera de informes sobre su comportamiento. Mientras tanto, el menor puede ser enviado a un instituto. Si su conducta mejora el juez está habilitado para cerrar el caso. Si esto no ocurre debe esperar a que cumpla los 18. Recién entonces puede condenarlo y las penas establecidas entonces son iguales a las de un adulto.
Son responsables de cualquier delito que tenga una pena mínima de 2 años. En el proceso sólo pueden estar detenidos 60 días y sólo si el delito que se investiga tiene una pena mínima de 5 años. Si el acusado llega a un acuerdo con la víctima, el proceso puede ser suspendido. Y si cumple con lo acordado se cierra la causa. Si no, el proyecto prevé sanciones y, en último caso, una condena privativa de la libertad, nunca mayor a 9 años.
Para los menores de entre 16 y 18 años entran todos los delitos graves. No rige la limitación de los 8 años del artículo anterior. Se los pude condenar como adultos y enviarlos a una cárcel al cumplir los 21.
Ley de Patronato
Promulgada hace casi 100 años, habilita a la Justicia a internar a un menor aunque no pueda iniciarle una causa penal. También se utiliza para enviar a institutos a menores en riesgo moral o estado de abandono.
Deroga la Ley de Patronato. No se podrán enviar menores a institutos por causas asistenciales o delitos menores.
No modifica el Sistema de Patronato que rige actualmente.
Reinci-
dencia
Las Leyes actuales no contemplan la posibilidad de declara reincidente a un menor de 18 años.
No contempla la reincidencia para menores.
Plantea la declaración de reincidencia para menores de edad: si tiene cumplida total o parcialmente una condena y comete otro delito ese antecedente puede ser usado para negarle la excarcelación.
21

Aunque todavía no se debatieron los proyectos de ley en el Senado, ambos sectores ya han hecho duras críticas contra el dictamen opuesto.
Los impulsadores del proyecto más duro, aseguran que sus colegas del dictamen mayoritario crearon una ley contemplando un sistema de “centros especializados” que todavía está muy lejos de concretarse. También les reprochan que algunas sanciones son aún más blandas que las que existen actualmente. Mientras que desde el otro bando apuntan a la inconstitucionalidad de los artículos del dictamen de Menem. Específicamente al que permite declarar reincidente a un menor y condenarlo a prisión perpetua, dos puntos que están prohibidos en la Convención de los Derechos del Niño, incluida en la Constitución Nacional.



Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, también se está debatiendo, a nivel de comisiones, como encarar un nuevo Régimen Penal para los menores de 18 años. El martes 27 de Agosto la diputada Margarita Stolbizer, presidente de la comisión de Legislación Penal, organizó una reunión con integrantes de las comisiones de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia y Derechos Humanos. La idea fue comenzar a estudiar los 20 proyectos de ley elaborados por distintos legisladores.
Una de las posturas, es la de la diputada Marta Milesi, quien limita en su proyecto las sanciones privativas de libertad que se pueden imponer a menores de 18 años. Por un lado sólo las contempla para menores de 14 y 15 años en los casos en que el mínimo del delito tenga previsto más de 5 años. Y la condena no podrá exceder los 3 años, a cumplir en centros especializados. En el caso de los menores entre 16 y 18 años se puede aplicar la privación de la libertad, siempre como último recurso, a los adolescentes acusados de delitos con penas mínimas de 3 años; y la condena no puede superar los 5 años.
Entre los 20 proyectos hay muchas diferencias y el momento crucial de debate será cuando el senado, que es Cámara de origen en este tema, dé media sanción a alguno de los dictámenes que ya se estén preparados.22
Uno de los proyectos es el que se desarrollará a continuación:

Número de Proyecto: 1294/02
Tipo de Proyecto: PROYECTO DE LEY

Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección Publicaciones
S – 02 – 1294 : PARDO

PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 1º . – Sustitúyese el artículo 1º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 1º: No es punible el menor que no haya cumplido 14 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 16 años de edad, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o inhabilitación.






Si existiere imputación contra alguno de ellos, la autoridad judicial procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre.

Durante el tiempo que demande la realización de esas diligencias, la autoridad dispondrá provisionalmente del menor y, en caso necesario, lo pondrá en lugar adecuado, para su mejor estudio, durante el tiempo indispensable, por auto fundado que será apelable dentro del tercer día.

Si de los estudios realizados resultare que le menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, que será apelable dentro del tercer día.

Artículo 2º . - Sustitúyese el artículo 2º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 2º: Es punible el menor de 14 a 16 años de edad que incurriere en los delitos que no fueren enunciados en el artículo 1º. En esos casos la autoridad judicial lo someterá al respectivo proceso y deberá disponerlo provisionalmente durante su tramitación a fin de facilitar la aplicación de las facultades conferidas por el artículo 1º.

Cualquiera fuese el resultado de la causa, si de los estudios realizados pareciera que el menor se halla abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador

Artículo 3º. - Sustitúyese el artículo 4º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 4º: La imposición de la pena respecto del menor a que se refiere el artículo 2º estará supeditada a los siguientes requisitos:

1) Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las normas procesales.
2) Que haya cumplido 16 años de edad.
3) Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario a la mayoría de edad.




Una vez cumplidos los requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en forma prevista para la tentativa.

Contrariamente, si fuere innecesario aplicarle sanción, lo absolverá, en cuyo caso podrá prescindir del requisito del inciso 2.

Artículo 4º. - Sustitúyese el artículo 5º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 5º: Las disposiciones relativas a la reincidencia no son aplicables al menor que sea juzgado por delito cometido después de esa edad, las sanciones impuestas por aquellos hechos podrán ser tenidas en cuenta, o no, a los efectos de considerarlo reincidente.

Artículo 5º. - Sustitúyese el artículo 8º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 8º: Si el proceso por delito cometido por un menor de 16 años comenzare o se reanudare después que el imputado hubiere alcanzado esta edad, el requisito del inciso 3º del artículo 4º se cumplirá en cuanto fuere posible, debiéndoselo completar con una amplia información sobre su conducta.

Si el imputado fuere ya mayor de edad, esta información suplirá el tratamiento al que debió haber sido sometido.

Artículo 6º. - Sustitúyese el artículo 10º de la Ley 22.278, modificada por las leyes 22.803, 23.264 y 23.742, por el siguiente:

Artículo 10º: La privación de libertad del menor que incurriere en delito entre los 16 años y la mayoría de edad, se hará efectiva, durante ese lapso, en los establecimientos mencionados en el artículo 6º.

Artículo 7º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Angel F. Pardo23


fuente: http://www.salvador.edu.ar/ua1-4-idm.htm
Este trabajo es un fragmento de una elaboración riquísima que invito a leer en forma completa.
Pertenece a:
Facultad de Ciencias Jurídicas
“Inimputabilidad de los Menores”

ALUMNO: Novosad María Graciela
CÁTEDRA: Seminario I
PROFESOR:Dr. Fornaciari
16/11/2002
Pilar

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